El gobierno no adoptó medidas efectivas para prevenir o investigar las violaciones graves y generalizadas de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas y la policía, que incluyeron desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias.

El gobierno no dio respuestas sustantivas a las peticiones de información de Amnistía Internacional acerca de las investigaciones sobre estos casos.

El sistema de justicia penal no hizo justicia ni proporcionó seguridad. Los responsables de la mayoría de los delitos, incluidos ataques contra periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y mujeres, no rindieron cuentas de sus actos.

Se incumplieron las normas sobre juicios justos. No se adoptaron medidas para garantizar justicia a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos cometidas durante la “guerra sucia” de México (1964-1982). Se introdujeron varias reformas constitucionales progresistas en materia de derechos humanos.

 

Información general

 

Durante el año se recibió información según la cual las bandas, el ejército y la policía habían matado a un número creciente de personas no relacionadas con los cárteles. Cincuenta y dos personas perdieron la vida en Monterrey cuando una banda delictiva incendió un casino con la complicidad de algunos policías locales.

En los estados de Tamaulipas y Durango se descubrieron fosas clandestinas con más de 500 cadáveres no identificados. Se pensaba que algunos pertenecían a migrantes centroamericanos, pero al concluir el año se había determinado la identidad de menos de 50.

La preocupación que la violencia suscitaba entre la opinión pública, y la insatisfacción por la respuesta del gobierno, desembocaron en la creación del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que celebró protestas en muchas partes del país para exigir que se pusiera fin a la violencia y a la impunidad.

 

Policía y fuerzas de seguridad

El ejército y la marina

El gobierno hizo caso omiso de los informes generalizados sobre violaciones graves de derechos humanos –tales como torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza– cometidas por el ejército y, de forma creciente, por personal de la marina. Siguió afirmando que los abusos eran excepcionales y que sus autores rendían cuentas de sus actos. Durante 2011 sólo hubo un caso en el que personal militar compareció ante la justicia: los tribunales militares declararon culpables a 14 soldados del homicidio, cometido en 2007, de dos mujeres y tres menores de edad en un control de carretera en Leyva, estado de Sinaloa. El gobierno no dio respuestas sustantivas a las peticiones de información de Amnistía Internacional acerca de las investigaciones sobre estos casos.

El sistema de justicia militar seguía a cargo de prácticamente todas las investigaciones sobre denuncias de abusos contra los derechos humanos cometidos por militares y continuó rechazando sin una investigación efectiva la mayoría de las denuncias, con lo que permitía que los perpetradores eludieran la justicia. Esta situación empezó a cambiar en diciembre cuando, por primera vez, un tribunal federal rechazó la jurisdicción militar en un caso de derechos humanos. El sistema de justicia civil se negaba sistemáticamente a realizar investigaciones básicas sobre presuntos abusos antes de transferir los casos al sistema de justicia militar.

Se presentaron 1.695 denuncias de abusos cometidos por el ejército y 495 de abusos cometidos por la marina ante la CNDH, que formuló 25 recomendaciones sobre el ejército y 6 sobre la marina. Las autoridades afirmaron que el número relativamente bajo de denuncias que daban lugar a recomendaciones de la CNDH demostraba que la mayoría carecía de base, pero al realizar esta afirmación no tenían en cuenta las limitaciones de muchas de las investigaciones de la CNDH.

• En junio, al menos seis hombres fueron detenidos y sometidos a desaparición forzada en Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas. Pese a la existencia de pruebas fehacientes –como los testimonios de testigos presenciales– de la responsabilidad de agentes de la Secretaría de Marina, las autoridades navales sólo reconocieron que había habido “contacto” con los hombres. La investigación emprendida por la Procuraduría General de la República no determinó los hechos, pero pese a ello pareció absolver de responsabilidad a la marina sin más investigaciones. Al concluir el año seguía sin conocerse el paradero de los hombres. La familia de uno de ellos se vio obligada a huir de la zona después de que su casa fuera atacada en julio.
• En mayo, la policía municipal detuvo ilegalmente a Jethro Ramsés Sánchez Santana y a un amigo suyo en Cuernavaca, estado de Morelos. Ambos fueron entregados primero a la Policía Federal y después al ejército. Los soldados los torturaron y luego pusieron en libertad al amigo, pero Jethro Sánchez se convirtió en víctima de desaparición forzada. Su familia presentó una denuncia, pero las autoridades militares negaron toda implicación en la desaparición forzada, incluso después de que la policía declarase sobre la participación del ejército. Ante las abrumadoras pruebas, el ejército detuvo a dos soldados en julio. Ese mismo mes fue encontrado el cadáver de Jethro Sánchez. Al concluir el año, dos soldados estaban detenidos y acusados formalmente de homicidio y al menos otros tres se habían ocultado. El caso seguía en la jurisdicción militar.

 

Derechos de los pueblos indígenas

Los pueblos indígenas siguieron sufriendo discriminación y desigualdad sistémicas en relación con el derecho a la tierra, la vivienda, el agua, la salud y la educación. Continuaron realizándose proyectos económicos y de desarrollo en tierras indígenas sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas. El proyecto de ley para regular las consultas con las comunidades indígenas seguía paralizado.

• Los miembros de la comunidad indígena wixárika protestaron contra la concesión minera otorgada a una empresa canadiense para explotar los depósitos de plata de la Reserva Ecológica y Cultural Wirikuta de Real de Catorce, en el estado de San Luis Potosí, sin consultar a las comunidades afectadas ni obtener su consentimiento.
• En diciembre, la sequía que afectó al estado de Chihuahua incrementó los niveles de desnutrición severa entre las comunidades indígenas tarahumaras, a lo que contribuyó la desatención de sus derechos humanos y la marginación que venían sufriendo durante muchos años.

 

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