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INFORME PRELIMINAR SOBRE LAS VIOLACIONES A DH EN CONTRA DE NORMALISTAS DE AYOTZINAPA

“EL GOBERNADOR ME ORDENÓ LIMPIAR Y LA CARRETERA ESTÁ LIMPIA”

 

INFORME PRELIMINAR SOBRE LAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS COMETIDAS EN CONTRA DE LOS NORMALISTAS DE AYOTZINAPA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2011, EN CHILPANCINGO, GUERRERO.

 

I. Presentación

 

Al ser cuestionado por la prensa guerrerense sobre la violenta represión en que fueron privados arbitrariamente de la vida Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, el hoy, Ex-Subsecretario de Prevención y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, General Ramón Miguel Arriola Ibarra respondió: “El gobernador me ordenó limpiar la carretera y

la carretera está limpia”

La respuesta, tan contundente como atroz, pone en evidencia la naturaleza y los alcances del modo en que el Gobierno del Estado de Guerrero, respaldado en todo momento por las corporaciones federales con presencia en la entidad, se enfrentó a la protesta que los estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, llevaron a cabo el 12 de diciembre de 2011.

 

Pero aun siendo evidente la lógica con que se diseñó y ejecutó el operativo, su impacto en los derechos humanos no tiene precedente en los años recientes: dos jóvenes fueron ejecutados extrajudicialmente; tres jóvenes fueron heridos por impactos de proyectil de arma de fuego; 24 personas fueron privadas arbitrariamente de la libertad; y al menos una persona fue torturada.

 

Los hechos han sacudido al estado. El Procurador General de Justicia, el Secretario de Seguridad y el Subsecretario de Prevención y Operación Oficial presentaron su renuncia, mientras que diversas organizaciones sociales y de derechos humanos exigieron al Gobernador Ángel Aguirre una investigación expedita, eficaz e imparcial.

 

Habiendo transcurrido poco tiempo a partir de los hechos y cuando apenas comienza a fluir la información, la Red Guerrerense de Derechos Humanos, el Centro Regional de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón” y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” presentamos a la sociedad este Informe Preliminar sobre lo ocurrido como un primer esfuerzo contribuir al esclarecimiento de los hechos y reiterar la enérgica demanda de justicia respecto de la privación arbitrara de la vida de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, a cuya memoria se dedican estas líneas.

 

Para ello, el presente informe presenta una primer apartado sobre la Normal Rural Isidro Burgos; enseguida, elaboramos un breve recuento obre las más recientes movilizaciones de los estudiantes de Ayotzinapa; enseguida, detallamos lo acontecido el 12 de diciembre, destacando las violaciones a derechos humanos documentadas; finalmente, presentamos las demandas relacionadas con la investigación de los hechos y la sanción de los responsables.

  II. La Normal Rural Isidro Burgos

En México, las normales rurales fueron creadas en las postrimerías de la Revolución como una alternativa para permitir el acceso a la educación de los hijos y las hijas de las familias campesinas. Más de treinta instituciones educativas de este modelo surgieron en el país y formaron durante décadas a los maestros y maestras que llevaron las primeras letras a las comunidades más aisladas del país.

 

Sin embargo, desde hace varios años las normales rurales sufren un duro embate, manifestado tanto en recortes presupuestales como en el cierre de planteles y en la discriminación laboral en contra de sus egresados y egresadas, provocado por el auge de un modelo educativo que desdibuja las especificidades pedagógicas de la educación en el ámbito rural. Todo ello bajo el amparo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que se ha caracterizado por su hostilidad en contra del normalismo de corte rural.

 

La Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ubicada en Ayotzinapa, Guerrero, a unos cuantos kilómetros de la capital del Estado es un de las 16 instituciones educativas de su género que sobreviven a este embate. Integrada por alrededor de 500 estudiantes que asisten a su formación bajo la modalidad del internado, los estudiantes de “Ayotzi” se han caracterizado siempre por su tesón solidario. De esa normal egresaron figuras que aun hoy son recordadas en el movimiento social guerrerense, como Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y Othón Salazar.

 

Pero a pesar de su larga tradición, la Normal Rural Isidro Burgos también ha padecido los estragos del modelo educativo vigente. Por ello, año con año sus estudiantes se han visto en la necesidad de ejercer su derecho a la protesta para elevar en el debate público sus demandas, vinculadas frecuentemente a la satisfacción de las más elementales demandas: ampliación de la matrícula, condiciones dignas para el internado y futuro laboral para los egresados.

 

Las acciones de protesta realizadas el 12 de diciembre de 2011 formaban, como enseguida se detalla, parte de ese ciclo de movilizaciones.

 

III. Ayotzinapa ante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero

 Cada año, las y los estudiantes de Ayotzinapa se organizan durante el mes de septiembre para presentar al Gobernador y a la Secretaría de Educación diversas peticiones para asegurar la subsistencia del plantel.

 

En este 2011, la movilización cobró un cariz particular. Las y los estudiantes, dando un bono de confianza a la administración entrante tras la cerrazón que caracterizó a la saliente, recibieron el 26 de septiembre al Gobernador Ángel Aguirre Rivero en su plantel y le plantearon personal y directamente sus demandas. Éstas no eran de difícil cumplimiento: incremento de la cuota diaria de alimentación por estudiante, hoy en $35 pesos; mejoras de infraestructura en el plantel; aumento de la matrícula; revisión del promedio aprobatorio de primer ingreso y becas para las y los egresados.

 

Sin embargo, la visita del Gobernador no fue seguida de acciones que demostraran en los hechos el compromiso contraído en el discurso. En respuesta, las y los estudiantes demandaron una respuesta personal del mandatario, que había empeñado su palabra. De ahí surgió la exigencia de sostener un diálogo franco y abierto con el Gobernador en una audiencia.

 

Pero la audiencia no les fue concedida a los normalistas. El gobernador Aguirre acordó una audiencia para el 4 de octubre pero, sin cuidado de las formas, la pospuso hasta el 9 de noviembre. Mientras tanto, un nuevo conflicto se suscitó ante el intento -avalado por el gobierno estatal- de imponer a un Director rechazado por los estudiantes. Las clases fueron, a raíz de esta nueva circunstancia suspendidas desde el 2 de noviembre.

 

Llegado el 9 de noviembre, los estudiantes y el mandatario se reunieron, pero no hubo una respuesta concreta de este último a las solicitudes de los futuros docentes. La cita se reprogramó para el 29 de noviembre, pero también fue cancelada sin previo aviso, de tal suerte que se pospuso hasta el 6 de diciembre.

 

Cuando llegó la nueva fecha, las y los estudiantes de Ayotzinapa fueron informados que la reunión de trabajo sería aplazada nuevamente. Ante la displicencia del gobierno estatal, tras meses de diálogo infructuoso, los estudiantes de Ayotzinapa se vieron orillados a recurrir a un amplio repertorio de acciones colectivas de protesta para hacer oír su voz. Así, el 7 de diciembre a través de cinco radiodifusoras presentaron sus demandas y denunciaron el desdén con el que eran ignorados e ignoradas. Nada ocurrió.

 

El 8 de diciembre, las y los estudiantes de Ayotzinapa tomaron una de las casetas de cobro de la Autopista del Sol. La repuesta del gobierno fue a través de la fuerza pública, que se desplegó en las inmediaciones de la caseta de Palo Blanco. Ante el amago, las y los normalistas se replegaron prudentemente.

 

Las semanas transcurrían sin que las y los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos fuesen escuchados y escuchadas. En ese contexto, los normalistas de Ayotzinapa determinaron en Asamblea realizar una nueva acción de protesta para visibilizar su lucha: determinaron que bloquearían temporalmente uno de los accesos a la ciudad de Chilpancingo el 12 de diciembre de 2011.

 

IV. El operativo del 12 de diciembre: violaciones a derechos humanos

 

El 12 de noviembre de 2011, aproximadamente a las 11:30 de la mañana, un grupo de más de 300 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos descendieron de varios autobuses y vehículos para iniciar un bloqueo sobre la pista asfáltica de la Carretera Federal que une al Distrito Federal con Acapulco y que atraviesa a la ciudad de Chilpancingo. La protesta estudiantil se desplegó hacia el sur de la ciudad de Chilpancingo, enfrente del conocido hotel “Parador del Marqués” en las inmediaciones de una gasolinera donde suelen abastecerse de combustible quienes viajan hacia la costa guerrerense.

 

La demanda de las y los estudiantes era la misma que habían reiterado por varios meses: ser recibidos y recibidas por el Gobernador Ángel Aguirre para tener una respuesta concreta a los compromisos que el mandatario había contraído ante los y las normalistas en su visita a Ayotzinapa del 26 de septiembre de 2011.

Sin embargo, ante la nueva protesta de las y los normalistas la respuesta fue el despliegue de la fuerza pública. Al poco tiempo de que el bloqueo se había instalado, sin que previamente se priorizaran o agotaran canales de diálogo político y sin que se apersonaran en el lugar funcionarios con capacidad de interlocución de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guerrero.

 

Alrededor de las 12:00 del día, aparecieron en el sitio elementos de la Policía Federal Preventiva quienes portaban armas largas, a los pocos minutos llegaron policías preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, encabezados por el Subsecretario de Prevención y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, General Ramón Miguel Arriola Ibarra. También se encontraba ahí Moisés Alcaraz, Director de Gobierno de la Secretaría de Gobierno del Estado.

 

Quienes se encontraban en el lugar, tampoco privilegiaron el diálogo. Los hechos que siguieron de conformidad con los testimonios, es que elementos de la Policía Preventiva Estatal comenzaron a lanzar gases lacrimógenos en contra de las y los estudiantes. La orden de conformidad con los testimonios, provino de las propias autoridades estatales.

 

La situación fue escalando. Se nos informó que pronto llegaron al lugar más refuerzos de la Policía Federal, algunos de ellos portando armas largas, quienes hicieron los primeros disparos al aire.

 

A partir de entonces, los eventos se precipitaron vertiginosamente. Algunos estudiantes se pertrecharon cerca de la gasolinera. Ahí, una bomba despachadora entró en llamas, incrementando la crispación. Mientras tanto, según coinciden tanto los testimonios de quienes presenciaron los hechos como las crónicas periodísticas publicadas en los distintos medios de comunicación, arribaron al lugar varios elementos de la Policía Investigadora Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, portando armas de grueso calibre y vestidos de civiles, sin ninguna insignia oficial visible que los distinguiera como miembros de este cuerpo policial, quienes sin tener elementos mínimos de información sobre lo que ocurría comenzaron a abrir fuego en contra del lugar donde se concentraba el grueso de los estudiantes que ya para entonces se confundían con otras personas que habían descendido de sus vehículos por el bloqueo de la carretera sin saber lo que ocurría.

 

Los disparos de arma de fuego se prolongaron entre las 12:10 y las 12:35, llegando a ser de una intensidad inusitada por momentos. Pero no se trataba de un enfrentamiento: nadie en el lado de los estudiantes disparaba en contra de los policías estatales, ministeriales y federales, quienes abrían fuego indiscriminadamente contra las y los estudiantes.

Cuando los disparos terminaron, las y los estudiantes ya se habían dispersado. A pesar de ello, fueron perseguidos por los elementos de las diversas corporaciones, incluyendo a la Policía Federal que sometió con particular violencia a varios estudiantes, hasta los lotes baldíos que se encuentran en las faldas del cerro situado cerca del lugar de los hechos, donde las y los jóvenes se escondieron, mientras llegaban a la zona tres vehículos militares.

 

Las detenciones arbitrarias se prolongaron durante más de una hora, en ese momento, miembros de las fuerzas armadas mexicanas llegaron al lugar de los hechos donde terminaron de acordonar el lugar y, finalmente reabrir la carretera federal después de las 14:00 horas. Es decir, que con la participación de miembros del Ejército mexicano, el desalojo y represión de los estudiantes de Ayotzinapa tuvo la participación de cuatro cuerpos de seguridad de nivel federal y estatal. En este sentido, los indicios muestran que la coordinación interinstitucional entre las diversas corporaciones se dio en el marco de las acciones impulsadas como parte del Operativo “Guerrero Seguro”.

 

Tras el operativo, los organismos de derechos humanos documentaron las siguientes violaciones:

 

a) Ejecución extrajudicial de los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús

 

Tras el fallido “operativo”, se comprobó que dos jóvenes estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron privados arbitrariamente de la vida al haber sido lesionados por impactos de bala, quedando sus cuerpos tendidos en la cinta asfáltica de la autopista después de los incidentes.

 

Más tarde se sabría que se trataba de los jóvenes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, oriundos de Atoyac de Álvarez y Tixtla respectivamente, de 19 y 20 años de edad, de familias campesinas que habían ingresado a la Normal Rural Raúl Isidro Burgos con el anhelo de convertirse en docentes para las comunidades rurales guerrerenses.

 

Al momento de elaborar el presente informe preliminar, aún se desconocen los resultados de la necropsia practicada a sus cuerpos, sin que exista información fiable sobre el tipo de heridas que presentaron y el calibre que las ocasionó, si bien en los medios de comunicación se informó que podría tratarse de un calibre grueso.

 

Las muertes de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Je sús no debieron haber ocurrido.

 

Desde la perspectiva de derechos humanos, se trata de dos ejecuciones extrajudiciales causadas por un uso excesivo, desproporcionado e irracional de la fuerza pública caracterizado por un empleo innecesario de la fuerza letal.

 

b) Detención arbitraria de 24 personas seguida de tratos crueles

 

En los hechos del 12 de diciembre de 2011, 24 personas fueron víctimas de detención arbitraria y fueron llevadas a los separos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. Los detenidos fueron 23 hombres y solo una mujer; del grupo de detenidos, sólo 9 de los 24 son estudiantes de la Normal

Rural Raúl Isidro Burgos. La gran mayoría fueron personas ajenas a los hechos, detenidas en los momentos posteriores a que terminaron los disparos efectuados por las corporaciones policiales.

Así por ejemplo, destaca el caso de 10 jóvenes estudiantes que ante los organismos de derechos humanos refirieron ser alumnos de la carrera de Economía y del Tecnológico de Chilpancingo, quienes fueron detenidos tiempo después de los hechos, cuando transitaban por el lugar en que estos ocurrieron al no poder transitar por la cinta asfáltica los vehículos que tripulaban. Los estudiantes, de acuerdo con su testimonio fueron detenidos por el sólo hecho de ser jóvenes y como parte de un intento de vincularlos con los normalistas de Ayotzinapa.

La gran mayoría de los detenidos -de los 24, 18 no contaban con más de 25 años- desmiente la información difundida por el gobierno estatal sobre la presunta participación de personas ajenas a la Normal de Ayotzinapa en la manifestación que, de acuerdo con la versión, formarían supuestamente parte de los detenidos

toda la información en: http://www.redtdt.org.mx/media/descargables/141211_ppta_informe%20-%20Ayotzinapa%20-%201era%20etapa.pdf

 

COMUNICADO DE LA ESCUELA NORMAL RURAL RAUL ISIDRO BURGOS

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