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Foro Regional por la Defensa de los Derechos Humanos en Chiapas, CIDECI, UNITIERRA.

PRNUNCIAMIENTO:

 

San Cristóbal de Las Casas, a 9 de diciembre de 2011

*Pronunciamiento del Foro Regional por la Defensa de los Derechos Humanos*

Reunidos en el marco del día internacional de los derechos humanos, los
días 8 y 9 de diciembre de 2011, para discutir las problemáticas y los
desafíos para la vigencia de los derechos humanos en la región, las
defensoras y defensores de derechos humanos de las organizaciones
participantes hacemos el siguiente pronunciamiento.

Constatamos que la vida de las comunidades indígenas y campesinas presenta
varias amenazas frente al deterioro y despojo de los territorios y sus
bienes naturales, generando una mayor pobreza y rompimiento del tejido
social que se traduce en una creciente emigración y descontento. A la vez,
vemos como las políticas restrictivas de migración generan en nuestra
frontera sur y hacia el norte del país, condiciones de graves violaciones a
derechos fundamentales, atentando contra la vida, la integridad física y la
libertad de personas transmigrantes por parte de agentes estatales o por
grupos criminales solapados por los primeros. El descontento y la
indignación han generado respuestas organizadas de protesta social que sin
embargo son fuertemente reprimidas por las fuerzas de seguridad o por la
vía judicial, particularmente en contra de defensoras y defensores de
derechos humanos.

*En cuanto a la defensa de los territorios de comunidades indígenas y
campesinas y al derecho a la libre determinación:*

Constatamos las amenazas que tanto el gobierno de Chiapas, el gobierno
federal y empresas particulares, constituyen para la integridad de los
territorios de pueblos indígenas y campesinos, y de sus formas de vida.

Expresamos nuestra preocupación por la latente reactivación de la mina en
Chicomuselo, Chiapas cuya concesión se encuentra en manos de una empresa
minera canadiense y que según rumores habría sido traspasada a una empresa
de capital chino. La operación de esta mina ha afectado el medio ambiente
de las comunidades aledañas y no ha respetado el derecho a la consulta de
los pobladores, por lo que nos sumamos a las organizaciones locales que
exigen la cancelación de los permisos de explotación.

Rechazamos el programa REDD Plus impulsado por el gobierno chiapaneco y el
gobierno federal, porque implica la mercantilización y privatización de un
bien común como lo es el aire puro y porque se ha instrumentado como parte
de la estrategia de despojo territorial y despojo social en la Selva
Lacandona, que implica el desalojo y la reubicación forzosa de 40
comunidades indígenas.

Nos pronunciamos en contra de la continuidad de la política de construcción
de ciudades rurales porque afectan las formas tradicionales de producción y
de formas de vida de la población local, además de no aportar al
mejoramiento en el acceso a servicios como ha sido pretextado. Expresamos
nuestra preocupación por que esta política de reubicación, sea una forma
velada de desplazamiento forzado a favor de intereses económicos ajenos a
las comunidades afectadas, como es el caso del anuncio de la construcción
de la quinta presa sobre el Río Grijalva en el municipio de Copainalá y la
construcción de una Ciudad Rural en el mismo municipio, o la Ciudad Rural
en Ixhuatán en construcción donde se han denunciado presuntas prospecciones
mineras.

Exigimos sea atendida la recomendación del Relator Especial de Naciones
Unidas para el Derecho a la Alimentación, en su reciente visita a Chiapas
para que dichas ciudades sean evaluadas desde parámetros de derechos
humanos, incluidos los derechos económicos, sociales, culturales, y de
Pueblos Indígenas.

Nos sumamos a la exigencia de tarifas justas de electricidad, dado que la
política de cobro irracional e injustificado de la CFE, dañan enormemente
la economía familiar de familias sumidas en la pobreza extrema y promueve
la división y deterioro del tejido social. Mientras ella ocurra sostenemos
que les sustenta el legítimo derecho a la resistencia civil y pacífica de
comunidades campesinas, indígenas y urbanas, y las alentamos a fortalecer
sus lazos solidarios.

Denunciamos el terrible deterioro ecológico de los Pantanos de Centla,
hogar de nuestros hermanos mayas chontales, cuyas tradiciones culturales
ligadas a la madre tierra también se han visto afectadas por la explotación
descuidada de PEMEX contaminándolos; la mala administración del manejo
hidráulico del gobierno del Estado y CONAGUA, que han desviado el agua del
municipio de Villahermosa hacia los Pantanos, obligando a los pobladores a
permanecer inundados prácticamente de manera permanente por cinco años
consecutivos.

Nos solidarizamos con la lucha de la Asamblea de Pueblos Indígenas del
Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT) en
contra de las empresas eólicas de capital español, que bajo el pretexto de
la energía verde y a través de supuestas empresas mexicanas, despojan a los
campesinos zapotecos de sus tierras y territorios; de igual modo nos
solidarizamos con la lucha por la tierra ancestral de los hermanos zoques
en la Región de los Chimalapas y hacemos votos por que las comunidades hoy
enfrentadas por los gobiernos de Chiapas y Oaxaca, encuentren los acuerdos
de convivencia pacífica que han buscado.

Saludamos la batalla ganada por la comunidad indígena de Cherán al hacer
valer sus derechos políticos como pueblo Indígena ante el sistema corrupto
de partidos, hacemos votos por que su ejemplo sea seguido por muchos más. A
la par repudiamos los asesinatos sistemáticos en contra de sus
representantes comunitarios y la ineptitud de los gobiernos federal y de
Michoacán para detener a los culpables y brindarles protección.

*En cuanto a las problemáticas de migración*:

Es indudable que la movilidad humana se presenta de manera forzada; ya que
la pobreza y la marginación de las comunidades y países de origen hacen que
las personas emprendan un viaje en el que gracias a la criminalización, la
falta de protección y limitada atención integral a la población migrante,
se ponen en riesgo derechos fundamentales como el de la vida y la libertad.

A unos meses de haberse aprobado la Ley de Migración y en medio del proceso
para el diseño del reglamento a la misma, las organizaciones de la sociedad
civil continúan exigiendo una participación en el diseño, implementación y
monitoreo de políticas públicas, nos solidarizamos con las exigencias de
desvincular el tema de seguridad nacional al tema migratorio ya que de esta
manera se promueve la criminalización de la migración y de personas
defensoras, además de que alienta la impunidad y la discrecionalidad de las
autoridades de distintos niveles y de diversas corporaciones.

Las condiciones en las que se da la migración ponen en riesgo los derechos
no sólo de quien migra, sino de mujeres, niñas, niños y adolescentes que se
quedan en comunidades de origen a realizar actividades vulnerando otros
derechos como los de la identidad, la autodeterminación, la salud, el
trabajo en condiciones dignas, justas y equitativas, la educación, entre
otros.

También son bien conocidos los riesgos a los que se enfrentan migrantes
centroamericanos que en búsqueda de mejores oportunidades de vida, se
enfrentan a actos como el secuestro y las desapariciones, en los cuales
muchas veces existe connivencia entre distintas autoridades y el crimen
organizado, además de enfrentarse a privaciones de libertad en donde los
derechos de debido proceso son violentados de manera reiterada. Esto
agudiza y promueve un ambiente de discriminación, incertidumbre y violencia
sistematizada e institucional hacia las personas migrantes y hacia
defensoras y defensores de derechos humanos.

Otras situaciones que no son ajenas para los gobiernos de Estados Unidos y
México, es la falta de acceso a derechos fundamentales como a la salud,
condiciones dignas, justas y equitativas de trabajo, vivienda, identidad,
acceso a programas sociales, entre otros; debido en muchas ocasiones a la
condición migratoria, la raza, la nacionalidad y/o el color de piel.

Finalmente se hace un llamado a los gobiernos de los países de origen,
tránsito y destino para que se retome el tema migratorio desde una
perspectiva de derechos humanos y desarrollo, y se conciba como una
responsabilidad compartida la cual debe ser abordada de manera
interinstitucional, partiendo de los principios de universalidad e
interdependencia de los derechos.

*Relativo a la situación de jóvenes*,

Reconocemos que es necesario empezar a construir relaciones de respeto con
las y los jóvenes, donde se les reconozca como sujetos de derechos,
individuos autónomos y con capacidad de decisión y autodeterminación sobre
sus proyectos de vida.

Identificamos que, aun cuando hay condiciones estructurales, como la
violencia intrafamiliar e institucional, que impiden las relaciones
simétricas entre generaciones, es indispensable tender puentes que aminoren
la brecha entre jóvenes y adultos. Canales de comunicación que permitan
transmitir la cultura y los modos de vida que pueden garantizar la
continuidad de nuestras comunidades y la construcción de lazos solidarios
entre generaciones.

Por otro lado, hacemos un llamado a la necesidad de incorporar a las y los
jóvenes a los espacios de toma de decisiones, públicos y privados, para
comenzar a construir proyectos que, verdaderamente, les involucren y con
los que se identifiquen.

Concluimos que las problemáticas de la juventud son asuntos públicos que
nos competen a todos y que no pueden resolverse sólo desde el trabajo con
grupos de jóvenes. Ante las situaciones de discriminación, criminalización
y hostigamiento hacia las y los jóvenes, no podemos permanecer callados
como sociedad civil. Enfatizamos el hostigamiento y persecución de la que
son objeto jóvenes en su labor como defensores de derechos humanos. Nos
solidarizamos con jóvenes defensores como el compañero *Nataniel Hernández
Núñez*, Director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, quien esta
exiliado por tener 5 procesos penales construidos por el gobierno, ante
ello exigimos la cancelación de todos los procesos, ya que estos demuestran
la represión y el hostigamiento hacia su trabajo como defensor.

*En cuanto a las mujeres y las relaciones de género*:

Reconocemos que la inequidad entre hombres y mujeres persiste aun a pesar
del discurso político gubernamental, que se refleja a través de la
discriminación y la violencia estructural hacia las mujeres, ante esto
somos un grupo de organizaciones en un proceso de construcción y
transformación, quienes reivindicamos cada una nuestro propio proceso
organizativo retomando y trabajando los cinco temas de cada mesa,
reconociendo la autonomía a la que tenemos derecho.

A pesar de que el Estado hostiga, obstaculiza y reprime los procesos
sociales, no impedirá que las y los defensores de derechos humanos
continuemos acompañando procesos organizativos en la búsqueda de la
transformación para lograr la autonomía individual y colectiva.

*Finalmente, *

Exigimos a las autoridades poner un alto al hostigamiento y criminalización
hacia defensoras y defensores de migrantes que realizan su labor ya sea de
manera individual o a través de casas, albergues y centros de derechos
humanos. Nos solidarizamos en particular con Fray Tomás González, director
de la Casa del Migrante “La 72” y del Centro de Derechos Humanos del
Usumacinta en Tenosique, Tabasco, que ha sido hostigado por funcionarios de
migración y del ejército mexicano, así mismo con el padre Alejandro
Solalinde y la Casa del Migrante en Ixtepec, Oaxaca.

Repudiamos los asesinatos, amenazas y hostigamientos a las y los
periodistas, ocurridos a manos de autoridades o del crimen organizado. La
labor de las y los periodistas no sólo es el ejercicio de la libertad de
expresión, en muchas ocasiones es también una forma de defensa de los
derechos humanos. Expresamos nuestra solidaridad con el periodista Juan
Ignacio Chávez López, Director del noticiero NN de Frontera y Centla,
Tabasco, quien fue golpeado por el presidente municipal de Centla, Aquiles
Reyes Quiróz el día 14 de noviembre, en represalia por las denuncias que ha
hecho por la corrupción que se maneja en la administración.

*La defensa de los derechos humanos es la defensa por la vida de nuestros
pueblos, en libertad, justicia y equidad.*

Iniciativas para la Identidad y la Inclusión AC (INICIA)

Unidos para Trabajar, S.P.R

Centro de Derechos Humanos Oralia Morales

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.

Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC

Centro  de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas AC

Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas (CARZCCH)

Enlace, Comunicación y Capacitación, A.C.

Casa de la Mujer Ixim Antsetic, A. C.

Frente Cívico Tonalteco

Organización Cultural Indígena

Grupo 67 de Amnistía Internacional México

Melel Xojobal A.C.

Centro de Educación Integral de Base, A.C. (CEIBA)

Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, A.C.

Yach´il Antzetic

Colectivo ADHESIVA

Ixiktak Yinikoj Aj Juche Buka, A.C.

Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género

Maderas de Pueblo del Sureste, A.C.

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