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Los caminos de la conciencia en la construcción de la autonomía. Informe FRAYBA 2010 capítulo II

Late la tierra en las veredas de la resistencia

Una mirada a las experiencias de lucha de los pueblos de

Chiapas en la defensa de sus derechos

Informe 2010

Centro de Derechos Humanos

Fray Bartolomé de Las Casas, AC

Jovel, julio de 2011.

 

 

Capítulo II

Los caminos de la conciencia en la

construcción de la autonomía

 

Después llovió y la tierra se quedó de pronto

verde con un enorme arco iris que no se

desvaneció ni cuando el sol se puso.

 

José Saramago

 

Rompamos Aída esta tormenta amarga.

Hay que construir pañuelos con luceros

Para secar las lágrimas del hombre.

Hay que llevar al niño

A su música antigua.

Hay que volver a fabricar muñecas

Y hay que sembrar maíz en las ciudades.

Hay que dinamitar los rascacielos

Y dar lugar para que ascienda el trigo.

Hay que hacer instrumentos de labranza

Con los buses urbanos.

Aída, fusilemos la noche

Y esa horrible bandera.

 

Roque Dalton

 

 

Los caminos de la conciencia en la construcción de la autonomía

 

En el curso de los años, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha venido trabajando  sobre el derecho de los pueblos indígenas a la autonomía y al territorio en Chiapas desde su ejercicio en la práctica y desde su reivindicación histórica.

 

Ante la realidad de opresión y marginación que viven los pueblos, Don Samuel Ruiz García –jTatik– impulsó con plena convicción los derechos de los pueblos indígenas desde la diócesis de San Cristóbal y marcó con su ejemplo el paso del acompañamiento a los pueblos para que se organizaran, exigieran y ejercieran sus derechos. En esta lucha, otros actores y el Frayba han caminado al lado de las personas y las comunidades indígenas para impulsar su lugar como sujetos en la trasformación social como respuesta a la violencia estructural emanada del Estado.

 

Resistencias y el ejercicio de los derechos

 

El Frayba ha sido testigo de diversos esfuerzos realizados por las comunidades indígenas de Chiapas para la construcción de su autonomía y para hacer realidad una nueva manera de administrar su propio territorio.

 

En este sentido, los pobladores del ejido San Sebastián Bachajón (SSB) adherentes a La Otra Campaña (LOC) han emprendido acciones de ejercicio de impartición de justicia, como la resolución del conflicto que enfrentan en su territorio y la detención de asaltantes en la carretera que conduce de Ocosingo a Palenque.

 

De manera similar, en las cañadas de Ocosingo los pueblos indígenas de la región construyen alternativas como la formación de la Sociedad Cooperativa de Transportes Maya Stonil Naj, que se constituyó por acuerdo de las comunidades de la zona para contar con un servicio de transporte propio con el que se comunican entre las diferentes zonas de su territorio.

 

En la zona Norte del estado, las autoridades del ejido Tila continúan su firme lucha y exigen justicia con manifestaciones y actos de protesta para que se respete el reconocimiento del territorio que les pertenece, a pesar de que el 20 de agosto de 2010 el juez primero de Distrito del estado de Chiapas negara arbitrariamente la solicitud de cancelar el incidente de cumplimiento sustituto (14). Los habitantes del ejido reivindican constantemente sus derechos con denuncias y acudiendo a la Ciudad de México ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Además de denuncias públicas, el pueblo ch’ol de Tila ha realizado actos públicos convocando a la sociedad civil para que se solidarice con su situación. A las marchas y mítines han acudido varios miles de personas y diferentes comunidades que conforman el ejido.

 

(14.-Trámite para sustituir la sentencia por una indemnización económica o la entrega de algo con el mismo valor o equiparable. En el presente caso, el gobierno del estado de Chiapas pretende indemnizar a la población y se niega a restituir las tierras ejidales que corresponden legal y legítimamente a los cho’les del ejido Tila.)

 

En otra región de Chiapas, en los municipios de Frontera Comalapa y Chicomuselo de la zona Selva Fronteriza, el Comité Regional para la Promoción y Defensa de la Vida trabaja igualmente por la defensa de la tierra y el territorio.

 

Este Comité nació a principios del 2008, cuando comenzaban a registrarse los efectos negativos de la explotación minera en la zona Sierra del municipio de Chicomuselo. Actualmente en la región se han otorgado 14 concesiones a empresas, en su mayoría canadienses, para la exploración y explotación de distintos minerales.

 

Los integrantes del Comité Regional son voluntarios, campesinos, comerciantes y amas de casas que han trabajado como promotores y promotoras de derechos humanos desde 1995 en las parroquias de Frontera Comalapa y Chicomuselo a través del Comité de Derechos Humanos Oralia Morales y del Comité 10 de Enero. Se unieron con el objetivo de unificar fuerzas para detener los daños que las empresas mineras están causando en la zona, además de contribuir a restablecer la riqueza que le están quitando a la madre tierra.

A pesar de las amenazas recibidas, continúan su trabajo y durante el año que abarca este informe han organizado dos foros sobre la defensa de los recursos naturales, así como una manifestación multitudinaria a la que asistieron aproximadamente 4.000 personas.

 

Además diversas organizaciones sociales y civiles en Chiapas han denunciado los efectos de la explotación minera que afectan los derechos de la población de Chiapas y su territorio. El Centro Canadiense para Estudios de Conflictos por los Recursos Naturales publicó en octubre de 2010 que mineras canadienses, las cuales tienen la mayor parte de las concesiones en la región fronteriza de Chiapas, se encuentran implicadas cuatro veces más que sus competidores del resto del planeta en violaciones a los principios de responsabilidad social de las empresas, de las cuales 60% corresponden a conflictos con los miembros de las comunidades locales.

 

Las acciones de defensa emprendidas por el Comité de Derechos Humanos Oralia Morales y el Comité 10 de Enero han sido reconocidas por la Fundación Alfonso Comín, institución que les otorgó el Premio Internacional Alfonso Comín 2010 por su lucha en defensa de la tierra y de los recursos naturales frente a la explotación de las empresas mineras multinacionales.

 

En la Reserva de la Biosfera Montes Azules, habitantes de ocho comunidades de la región conocida como Amador Hernández se movilizaron el 24 de junio de 2010 para impedir que el gobierno federal desalojara siete asentamientos. En su comunicado de esta fecha destacaron que, a pesar de que el gobierno les había informado que dialogaría con los habitantes con pleno respeto y sin imponerles soluciones, el 20 de mayo el gobierno y los pobladores lacandones comenzaron a señalar los límites sin aviso ni permiso alguno. En su comunicado señalaron que tal hecho pone en riesgo a toda la región Amador Hernández porque el trabajo de la definición de límites está destruyendo el territorio.

 

En el ejercicio de sus derechos y por respeto a los usos y costumbres, autoridades comunitarias de Las Limas, Pantelhó, detuvieron al presidente municipal Humberto González López, quien el 1° de mayo de 2010 se presentó en estado de ebriedad realizando disparos con un arma de fuego, lo cual alarmó a la población. Tras detenerle, le impusieron una multa que acordó pagar en un plazo de 15 días dejando como garantía su automóvil. Posteriormente fue puesto en libertad. Sin embargo, en lugar de respetar el acuerdo acusó a las autoridades de Las Limas del robo de su automóvil ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Por lo ocurrido, en junio de 2010 las autoridades comunitarias denunciaron la acción ante la Procuraduría General de la República (PGR) y solicitaron al Congreso del Estado de Chiapas un procedimiento de juicio político, pero dichas acciones no fueron aceptadas por las instancias estatales, lo cual favorece la impunidad además de violar la paz comunitaria.

 

En Jolnixtié, Tila, los pobladores agrupados en la organización Pueblos Unidos en Defensa de la Energía Eléctrica lograron bloquear con sus denuncias la realización de un drenaje próximo a su comunidad que afectaba tanto las fuentes de agua como varios terrenos ejidales.

 

Pasando de la zona rural a la urbana, en el 2010 se creó en San Cristóbal de Las Casas un movimiento ciudadano en oposición al despojo de los terrenos de los Servicios Deportivos Municipales (Sedem) para la construcción de un centro comercial de la compañía Soriana. Los gobiernos municipal y estatal pretenden hacer un cambio de uso de suelo en una parte de la ciudad protegida por tratarse de una zona de humedales.

 

Asimismo, se constituyó otro movimiento ciudadano en San Cristóbal de Las Casas para detener el daño ambiental en la zona sureste ocasionado por el deterioro y la devastación que producen en los cerros la extracción y explotación de material pétreo (bancos de arena y grava) y contra el otorgamiento de permisos de cambio de uso de suelo para la construcción de fraccionamientos en zona de humedales.

 

Despojo territorial y destrucción del medio ambiente

 

Los pueblos organizados son conscientes de las grandes dificultades por las que atraviesan, como el despojo histórico de sus tierras, la marginación, la violencia estructural y el daño ambiental.

 

En este contexto de discriminación, en el Encuentro Tejiendo Resistencia y Autonomía frente a la Contrainsurgencia y la Dependencia que se realizó en Acteal el 21 de diciembre de 2010 se reflexionó sobre cómo y por qué el gobierno quiere imponerle a los pueblos políticas públicas y proyectos de “desarrollo” específicos:

 

Con su estrategia contrainsurgente y de represión y de apoyos,

el gobierno nos quiere volver dependientes, como que nos

quiere hacer pensar que no somos capaces de vivir trabajando

con nuestras propias manos. Nos quiere acostumbrar a ser

mantenidos, le quita a la gente el gusto y el ánimo de trabajar.

Quiere que nuestra tortilla no sea el fruto de nuestro trabajo y

de la madre tierra, sino que sea su regalo transgénico y que sólo

al gobierno agradezcamos y respetemos.

 

(Pronunciamiento del Encuentro “Tejiendo Resistencia y Autonomía frente a la

Contrainsurgencia y la Dependencia”, Acteal, 21 de diciembre de 2010.)

 

Además, en el encuentro referido se manifestó que el gobierno pretende despojarlos de su propia tierra para que no puedan decidir sobre ella y para mantener tanto a las personas como los recursos bajo su control de manera que los intereses económicos y políticos sean los que prevalezcan.

 

Los pueblos nos han mostrado con firmeza que no es a través de las políticas de desarrollo del gobierno como desean construir su idea de comunidad. Por ello resisten ante las estrategias y maniobras engañosas de las que son objeto, como la implementación de proyectos de infraestructura y “eco-arqueo-turismo”, los cuales van encaminados a destruir el sentido de comunidad y la cosmovisión de los pueblos originarios. En este sentido, el proyecto Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+México)16 constituye un ejemplo de cómo el gobierno controla y despoja de la tierra a los pueblos y comunidades con el argumento de involucrar a las personas y comunidades en la defensa del medio ambiente (17).

 

(16.- El programa REDD+México, comprende una serie de proyectos que implican la pérdida de decisión sobre el uso de la tierra por parte de las comunidades. En el marco de este programa, el gobernador Juan José Sabines Guerrero entregó en marzo de 2011 los primeros pagos a comuneros que habitan la selva lacandona.)

 

(17.- Ribero, Silvia, “REDD, la brecha lacandona y nuevas formas de despojo” La Jornada, 4 de mayo de 2011. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2011/04/23/index.php?section=economia&article =019a1eco. Ribero, Silvia, “REDD, satélites y biopiratería” La Jornada, 7 de mayo de 201. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2011/05/07/index.php?section=opinion&article=027a1eco)

 

 

Otras estrategias del Estado para lograr el control del territorio y de la población son la administración de los conflictos sociales, es decir, las intervenciones del Estado para supuestamente controlar la situación y restablecer la paz, y la construcción de ciudades rurales, donde se concentra a la población en zonas establecidas para despojarla de sus territorios con el falso argumento de proporcionar una vivienda adecuada.

 

Por otra parte, las políticas sociales de tipo paternalista también constituyen un medio de control dado que genera dependencia, privando a las personas de la posibilidad de emprender un proyecto de vida conforme a su derecho a la libertad de decisión y de libre determinación.

 

Los casos que acompaña este Centro de Derechos Humanos confirman el fuerte interés del gobierno por apropiarse de territorios pertenecientes a los pueblos indígenas. Entre los casos documentados se encuentra el del ejido Tila, puerta de entrada territorial y administrativa a la “zona alta de Tila”, donde se pretende implementar un proyecto geoestratégico de extracción para explotación minera y de petróleo.

 

En este contexto, en el 2009 el ejido Tila rechazó la instalación de una subestación eléctrica en su territorio ejidal. Actualmente la subestación se encuentra en construcción en el poblado vecino de Petalcingo, donde el gobierno del estado cuenta con mayor influencia porque en él residen integrantes del grupo paramilitar Paz y Justicia, el cual hoy en día actúa bajo la cobertura del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Se conoce que el gobierno ha cedido a este grupo el control político de los municipios de Tila, Yajalón, Chilón, Sabanilla y Salto de Agua.

 

El gobierno del estado de Chiapas pretende también despojar de 130 has. a la población de este mismo ejido mediante la ejecución del decreto número 72 emitido en 1980 por el entonces gobernador de Chiapas Juan Sabines Gutiérrez. Los ejidatarios lograron que se anulara este decreto por ser arbitrario e incompetente, pero el abogado que llevaba el caso realizó acciones jurídicas sin el consentimiento de la asamblea y, en vez de exigir la ejecución de la sentencia favorable y la restitución de las 130 has., promovió el incidente de cumplimiento sustituto por el cual el gobierno del estado indemnizaría al ejido por sus tierras. Esta situación ha provocado una gran inconformidad en las comunidades por lo que se han promovido acciones jurídicas que han llevado el caso ante la SCJN.19

 

(19 CDHFBC, “Estado mexicano pretende despojar parte del territorio del Pueblo Ch´ol de Tila” Disponible en:

http://www.frayba.org.mx/archivo/informes/100901_informe_tila_2.pdf)

En el ejido SSB de la región de Agua Azul, también mediante una estrategia de control territorial, ejidatarios adherentes a LOC fueron objeto nuevamente de una maniobra engañosa por parte de los gobiernos estatal y federal.20 El 2 de febrero de 2011, los grupos oficialistas compuestos por integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del PVEM tomaron la caseta de cobro No. 1 situada a la entrada de las cascadas de Agua Azul, la cual estaba siendo administrada por los ejidatarios de SSB adherentes a LOC. Esta situación, según testimonios recabados por este Centro de Derechos Humanos, fue planificada por la Secretaría General de Gobierno encabezada por Noé Castañón.21

 

(20 CDHFBC, Boletín No.14, de 16 de abril de 2009, “Detienen arbitrariamente a indígenas Adherentes de La Otra Campaña del ejido San Sebastián Bachajón, Chilón”. Disponible en: http://www.frayba.org.mx/archivo/boletines/090416_14_detencion_arbitraria_bachajon.pdf. En relación a las agresiones de 2009 en Agua Azul ver: CDHFBC, Boletín No. 15, de 17 de abril de 2009, “El Gobierno Federal y del Estado de Chiapas utilizan las fuerzas policíacas para reprimir la protesta social de los pueblos y organizaciones” Disponible en: http://www.frayba.org.mx/archivo/boletines/090417_15_operativo_policiaco_bachajon.pdf. Y boletín No. 16, de 24 de abril de 2009, “Política de represión implementada por el Gobierno Mexicano contra indígenas del pueblo tseltal de la región de Agua Azul, Chiapas”.)

 

(21 CDHFBC, “Gobierno crea y administra conflictos para el control territorial en Chiapas” Disponible en: http://www.frayba.org.mx/archivo/informes/110303_informe_territorio_bachajon.pdf.)

 

Los hechos ocurridos el 2 de febrero culminaron en un enfrentamiento entre las dos partes en el que murió Marcos García Moreno y resultó herido Tomás Pérez Deara, ambos del grupo oficialista. Un día después, 117 ejidatarios que se encontraban reunidos en la carretera a la altura de la entrada a las Cascadas de Agua Azul, fueron detenidos y trasladados al comando de policía de Pakal-Na para luego ser puestos a disposición de la Fiscalía de Distrito Selva en la ciudad de Palenque. El 5 de febrero de 2011 fueron liberados 107 de los ejidatarios, quedando detenidas 10 personas en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 17 (CERSS No. 17) en Playa de Catazajá.

 

Entre los días 2 y 6 de marzo de 2011 fueron puestos en libertad en el municipio autónomo San José en Rebeldía cinco personas. En su liberación estuvieron presentes el titular de la Comisión de Atención a los Derechos de los Pueblos Indígenas del Consejo Estatal de Derechos Humanos, Pedro Raúl López Hernández, y el operador político de la Delegación de Gobierno de Chiapas con sede en Ocosingo, Rigoberto Fino Nájera. Ambos titulares instaron repetidamente a los adherentes a LOC para que se sentaran a dialogar.

 

Sin embargo, desde la perspectiva de LOC el diálogo está siendo manipulado por el gobierno del estado, quien pretende obligar y condicionar a los integrantes de LOC para que se ciñan a los intereses planificados en el Centro Integralmente Planeado Palenque (CIPP) y así entregar los recursos naturales de la zona a intereses de empresas nacionales e internacionales.

 

Por los hechos permanecieron detenidos de manera arbitraria durante cinco meses y 20 días en el CERSS No. 17 Domingo Pérez Álvaro, Juan Aguilar Guzmán, Jerónimo Guzmán Méndez y Domingo García Gómez. Mariano Demeza Silvano, menor de edad, lo recluyeron en Villa Crisol, Berriozábal. El Frayba considera que los detenidos fueron presos políticos ya que estaban encarcelados como medida de presión para que los ejidatarios adherentes a LOC aceptaran integrarse a una mesa de diálogo para negociar el territorio que les pertenece ancestralmente.

 

Por lo anteriormente expuesto, el 2 de marzo de 2011 los ejidatarios de SSB adherentes a LOC, de manera conjunta con el Frayba, interpusieron una demanda de amparo contra la construcción de una caseta de cobro y un Centro de Respuesta y Atención a Emergencias del Instituto de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad Pública por considerar que estas obras afectan tierras de uso común.

 

Estas construcciones iniciaron sin el consentimiento ni la autorización de la asamblea general del ejido, lo cual vulnera su derecho al territorio como pueblo indígena tseltal tal como consta en los instrumentos internacionales signados y ratificados por el Estado mexicano e incluidos en las leyes nacionales. Aunque se interpuso un amparo solicitando la suspensión inmediata de las obras de construcción, el juez del Juzgado Séptimo de Distrito, actuando de manera parcial y violando los instrumentos nacionales e internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas, determinó negar la suspensión de los actos de despojo por considerar dichas obras de beneficio para la colectividad. Esta operación tiene como objetivo militarizar el territorio, controlar la entrada a las cascadas y con ello avanzar en territorio zapatista. En este caso, controlar el territorio constituye un requisito básico para implementar el CIPP y prevería el desplazamiento forzado de Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) asentados en Bolom Ajaw y en otros poblados de la zona de Agua Azul.22

 

(22 CDHFBC, “Ataque Armado a poblado zapatista de Bolom Ajaw por pobladores del PRI de Agua Azul” Disponible en: http://www.frayba.org.mx/archivo/informes/100217_informe_bolom_ajaw_final.pdf; Anexo 1 Informe sobre ataque en Bolom Ajaw. Disponible en: http://www.frayba.org.mx/videos.php?ID=1393&language_ID=1&hl=es; y Anexo 2 Informe sobre ataque en Bolom Ajaw, Disponible en: http://www.frayba.org.mx/videos.php?ID=1394&language_ID=1&hl=es.)

 

 

Finalmente, en la Reserva de la Biosfera Montes Azules se está efectuando la explotación y el saqueo de flora y fauna sin respetar ni tomar en cuenta los derechos de los pueblos indígenas que habitan en el territorio. En esta reserva, empresarios con la complicidad de instancias gubernamentales están efectuando talas inmoderadas de madera. Actualmente continúan transitando camiones que transportan madera en grandes cantidades sin que las instancias de protección ambiental efectúen acción alguna. Sin embargo, a través de los medios de comunicación oficial se criminaliza a las comunidades indígenas como responsables de dicha explotación.

 

En este sentido, el 28 de abril de 2010 el delegado estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Ricardo Alonso Frías, anunció que una «comisión interinstitucional» negociaba con las comunidades Salvador Allende, Ranchería Corozal, San Gregorio, Nuevo Limar, Agua Dulce, Ojo de Agua La Pimienta y Nuevo Villaflores para que se reubicaran y abandonaran la zona lacandona y la Reserva de la Biosfera Montes Azules. Es importante recordar que unos meses antes, el 22 de enero de 2010, fueron desalojados de manera forzada los habitantes de las comunidades de Laguna San Pedro y Laguna El Suspiro ubicadas en la misma reserva.

 

Otro ejemplo de destrucción del medio ambiente y despojo del territorio lo constituye la explotación de los mantos freáticos que están realizando empresas como la embotelladora Coca Cola FEMSA y la Nestlé entre otras, así como la explotación irracional de los bancos de grava. En estos casos, las autoridades gubernamentales están actuando de manera arbitraria al no considerar las leyes y normativas que regulan la protección del medio ambiente y al pasar por alto sus obligaciones de proteger y defender los espacios decretados como zonas de recreación o de conservación ecológica. Estas situaciones causarán graves repercusiones en el futuro para el abastecimiento de agua, tal como está sucediendo en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

Amenazas a la autonomía

 

Los pueblos que luchan por la construcción de la autonomía son objeto de constante amenaza y hostigamiento por grupos afines a los partidos políticos que provocan conflictos, los cuales a veces desembocan en enfrentamientos donde se violan derechos humanos como la vida, la integridad y seguridad personal, la libertad, residencia, la libertad de tránsito, además el derecho a la tierra y al territorio, a la libre determinación y a la autonomía.

 

En este marco, el 21 de junio del 2010, en la comunidad El Pozo, San Juan Cancuc, Municipio Autónomo Rebelde Zapatista (MAREZ) San Juan Apóstol Cancuc, integrantes del PRI y del Partido de la Revolución Democrática decidieron cortar los servicios de agua potable y electricidad de nueve familias BAEZLN que viven en la comunidad y están en resistencia al pago de estos servicios. El evento ocasionó una confrontación entre las dos partes en la que murió una persona (integrante del PRI) y 16 resultaron heridas (ocho integrantes del PRI y ocho BAEZLN). En el evento fueron detenidas siete personas BAEZLN. Posteriormente, cinco personas fueron liberadas y dos permanecieron detenidas de manera arbitraria durante ocho meses. Los hechos también ocasionaron el desplazamiento forzado de las nueve familias.

 

En la comunidad San Marcos Avilés del municipio de Chilón, el 16 de agosto de 2010 inició sus actividades una escuela autónoma promovida por las BAEZLN acorde al sistema educativo rebelde autónomo zapatista. Por este motivo, cuatro días después integrantes del PRI y del PVEM de esta comunidad hostigaron, agredieron y despojaron de su tierra a las familias que promovieron el proyecto. El 9 de septiembre, unos 30 habitantes de la comunidad integrantes de los partidos mencionados ingresaron de forma violenta con palos, machetes y armas de fuego en dos casas de integrantes BAEZLN e intentaron violar a dos mujeres. Por esta agresión, y para no responder a las provocaciones, 50 mujeres, 43 hombres y 77 entre niñas y niños se desplazaron permaneciendo un día a la intemperie. Al día siguiente encontraron refugio en la comunidad Guadalupe Catetaj, Sitalá. Las personas desplazadas, además de abandonar sus casas dejaron en San Marcos Avilés todas sus pertenencias así como sus cosechas. A su retorno el 12 de octubre de 2010, este Centro de Derechos Humanos pudo documentar el despojo de sus tierras, el saqueo de sus hogares y la destrucción de sus siembras. Actualmente los habitantes BAEZLN de San Marcos Avilés viven bajo amenazas y hostigamiento, viéndose imposibilitados para acudir a sus terrenos y trabajar la tierra, lo cual ha generado escasez de alimentos con graves daños para la salud y el desarrollo de las niñas y niños.

 

Un acto más de hostigamiento y agresiones contra las luchas de los pueblos por el ejercicio de su autonomía se dio en las cañadas de Ocosingo, donde la Cooperativa de Transporte Maya Stonil Naj continúa siendo objeto de amenazas por parte de funcionarios de gobierno de la Delegación de Transportes en Ocosingo. Según testimonios de los integrantes de la cooperativa, este conflicto permanece latente y no se respeta el derecho de los pueblos indígenas de la región a contar con un transporte propio para servir de manera más digna a la población.

 

Conclusiones

 

El derecho a la autonomía se encuentra seriamente amenazado por la presencia de proyectos y planes impuestos desde el exterior que prevén el despojo del territorio por intereses ajenos a quienes ancestralmente los habitan. Dichos proyectos responden a una política capitalista y neoliberalque persigue sus propios fines y que pretende mantener en una situación de sumisión y explotación a los pobladores.

 

Dos áreas donde estos proyectos han causado conflictos con graves consecuencias sociales son el ejido SSB de la región de Agua Azul, donde se está implementando un programa ecoturístico y de infraestructura. Ambos planes están enmarcados en el Proyecto Mesoamérica (antes Plan Puebla Panamá).23 En ambas regiones se ubican comunidades donde habitan BAEZLN, quienes están construyendo nuevas alternativas frente a la explotación de los recursos naturales y la ejecución de proyectos de desarrollo que no corresponden a la cultura de los pueblos indígenas.

 

(23 Proyecto de cooperación, desarrollo e integración suscrito por diez países (Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana). Véase: www.proyectomesoamerica.org)

 

El Frayba ve con preocupación las amenazas al derecho a la autonomía de los pueblos indígenas que implican planes como los incluidos en el Proyecto Mesoamérica, los cuales se implementan bajo el argumento del desarrollo, la integración y la mejora de la calidad de vida de los habitantes. Sin embargo, las luchas de los pueblos hacia la libertad y la construcción de la autonomía no se agotan y las comunidades generan de manera incansable propuestas y acciones antisistémicas y contrahegemónicas, mostrándonos que el camino hacia una forma justa y digna de vida aún es posible.

 

CAPÍTULO I :  http://www.pozol.org/?p=2430

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