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Mujeres en defensa de la Madre Tierra, Informe 2010 FRAYBA (capìtulo 1).

Late la tierra en las veredas de la resistencia

Una mirada a las experiencias de lucha de los pueblos de

Chiapas en la defensa de sus derechos

Informe 2010

Jovel, julio de 2011

 

Centro de Derechos Humanos

Fray Bartolomé de Las Casas, AC

 

In memoriam a:

jTatik Samuel Ruiz García

Bankilal Felipe Toussaint

 

El presente informe de este Centro de Derechos Humanos recoge una síntesis de lo sucedido en Chiapas en materia de derechos humanos de abril de 2010 a marzo de 2011.

Hoy México se encuentra bajo la zozobra de una violencia generalizada impulsada por los distintos poderes que gobiernan el país. A pesar de que esta situación conduce a una violación sistemática de los derechos humanos, las culturas originarias sobreviven, se reproducen y continúan generando alternativas de vida.

Uno de los objetivos de este informe consiste en dar cuenta de la situación de los derechos humanos y de los procesos de defensa y ejercicio de derechos en cuatro ámbitos, que conforman los cuatro capítulos centrales del presente documento: el derecho a la tierra-territorio, donde se abordan las reivindicaciones de las mujeres para la exigencia de sus derechos y la defensa de la Madre Tierra; las luchas y dificultades enfrentadas por los procesos autonómicos en su largo camino de conciencia; la defensa de los derechos humanos, labor que consideramos de alto riesgo; y las acciones de no olvido y de recuperación de la memoria histórica, un trabajo sigiloso desde la resistencia, donde se construyen senderos de esperanza.

Finalmente queremos expresarles que nuestro corazón está triste ya que jTatik Samuel Ruiz García, fundador y presidente de esta organización, ya no se encuentra con nosotros físicamente. Sin embargo, su legado continúa presente en la raíz de nuestro pensamiento y acción. También nos dejaron Felipe Toussaint Loera, nuestro entrañable hermano mayor, integrante del Consejo Directivo del Frayba y cuidador de nuestro proyecto estratégico hasta el último segundo de su vida, y la compañera Leticia Trujillo Solís, querida integrante del Frayba a la que extrañaremos por su fuerza, su convicción ética y su trabajo incansable.

Las huellas que ellos han dejado en la lucha por el ejercicio radical de los derechos humanos y por la dignidad del ser humano, constituyen grandes enseñanzas que nos animan a seguir acompañando con convicción los procesos de liberación de los pueblos organizados en Chiapas y a solidarizarnos con los procesos de reivindicación de derechos de los pueblos del mundo.

 

Equipo Frayba

 

 

Capítulo I

Mujeres en defensa de la Madre Tierra

 

Soy una mujer que llora.

Soy una mujer que habla.

Soy una mujer que da la vida.

Soy una mujer que golpea.

Soy una mujer espíritu.

Soy una mujer que grita.

 

María Sabina

 

En medio del miedo y de la depresión que prevalecen en este

tiempo va surgiendo, por debajo imperceptible, atisbos de

otra manera de vivir que busca, al borde del abismo, la

recuperación de una humanidad que se siente a sí misma

desfallecer.

 

Ernesto Sabato

 

 Mujeres en defensa de la Madre Tierra

 

 “Se nos niega el derecho a la tierra porque les dan los papeles a

los hombres y no valoran el trabajo que hacemos. Somos

nosotras las que trabajamos la tierra, las que ayudamos, las que

sacamos los alimentos. Reconocemos nuestros derechos y

podemos seguir adelante […] no estamos debajo de la tierra,

estamos arriba de ella y todas debemos seguir adelante,

luchando juntas, unidas con fuerza”.

(Mujer indígena tsotsil de Bellavista, Chiapas, 2010)

 

Los pueblos indígenas en México reivindican desde hace varias décadas su espacio y su papel en los procesos sociales y políticos de la nación pese a que han sido históricamente marginados y sus procesos de desarrollo como pueblos en el marco de la libre determinación expresada en sus autonomías se ha visto truncada. En este proceso de exigencia de derechos, los movimientos de mujeres han exigido el equilibrio de género desde sus ámbitos culturales y el respeto a sus derechos en todos los aspectos de la vida comunitaria. Uno de estos es el derecho a la tierra y al territorio.

En diferentes espacios, mujeres y hombres de diversas etnias del estado de Chiapas han compartido las problemáticas que existen al interior de las comunidades derivadas en muchas ocasiones de proyectos de “desarrollo” de carácter “verde” impulsados por el Estado que responden al sistema neoliberal y que son implementados a través de planes de “ecoturismo”, “eco-arqueoturismo”, “turismo alternativo1 y ciudades rurales entre otros.

Estos planes ocasionan que los pueblos se vean sometidos en muchos casos a la expulsión de sus lugares de origen.

 

Ubicamos muchos problemas en nuestra vida, el gobierno, los

proyectos y programas, ciudades rurales que están dividiendo la

comunidad, insecticidas y abono químico que están matando a

nuestra madre tierra. Es importante hacer oración todos juntos

para que podamos proteger a nuestra madre tierra.

 

Las compañeras nos compartieron sus problemas en cada

municipio de donde venimos. El proyecto del mal gobierno es

más difícil, por eso para culminar lo que queremos que se

respete tenemos que unir nuestra fuerza y queremos que las

flores que traemos sean significado de unión de organizaciones,

esperanza para unirnos y tomar más fuerza para seguir adelante.

 

Levantemos la piedra con nuestra fuerza y nuestra unión. Ya

basta de tanta injusticia, que seamos pisoteadas, por eso levanto

la piedra y como mujeres nos falta mucho para conocer hasta

dónde están nuestros derechos, es necesario que nos tomemos

todos y todas de las manos para estar unidos y poder

articularnos en nuestra lucha.

 

(Palabras de mujeres indígenas tomadas del “Encuentro de Mujeres en

Resistencia y Esperanza para Defender Nuestra Madre Tierra y el Territorio”,

realizado en Cideci-Unitierra, San Cristóbal de Las Casas, Chis., en noviembre de

2010.)

 

Ante este panorama, las mujeres organizadas han expresado la necesidad de elevar su conciencia para fortalecer procesos organizativos donde puedan ejercer nuevas estrategias de defensa. Como mujeres encabezan varias acciones sociales de defensa y su palabra debe ser considerada en la comunidad para contribuir a definir los caminos de lucha por la defensa del territorio. Las mujeres han sido y continúan siendo las productoras primarias de la economía familiar y comunitaria ya que son las principales proveedoras de alimentos, las que cuidan la salud y las que desempeñan el papel más relevante en el mantenimiento de la cultura desde la cosmovisión de los pueblos indígenas.

 

La cultura que estamos perdiendo, el principal problema era el

agua. Se celebra el 3 de mayo para la celebración del agua. Se

hace un ritual, pero ahora muchos se avergüenzan de esas

costumbres y de nuestras culturas, porque luego nos da pena.

Pero son nuestros valores y no debemos perderlos, y las futuras

generaciones aprenderán de eso. Eso es lo que nos caracteriza

como pueblos y es mejor organizarnos y respetar las ideas que

cada una tenemos. Seguir trabajando y luchar por lo que es

nuestro. (Cideci-Unitierra 2010.)

Aunque las mujeres son actoras relevantes en el proceso social de defensa del derecho a la tierra y al territorio, han permanecido invisibles en las experiencias compartidas de lucha por el territorio en Chiapas. La reivindicación de sus derechos a la libre determinación y al ejercicio de la autonomía tiene uno de sus principales enclaves en el uso y disfrute de los recursos naturales, además del reconocimiento de su trabajo y en su derecho a vivir una vida libre de violencia.

Actualmente en Chiapas las mujeres se enfrentan a la disputa por el territorio que promueven las autoridades gubernamentales a través del Proyecto Mesoamérica (antes Plan Puebla Panamá). Para su implementación necesitan controlar el territorio, siendo una de sus principales estrategias generar confrontación al interior de las comunidades. Este proyecto también responde a la continuidad de una estrategia contrainsurgente que inició en 1994 tras el levantamiento armado del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el cual no ha tenido parangón en la historia de México. Una de sus principales estrategias para conseguir este objetivo consiste en desactivar los procesos alternativos de vida comunitaria, para lo cual los militares, la policía y organizaciones de corte paramilitar ocupan tierras de las comunidades, infundiendo miedo, intimidando y hostigando a la población.

Asimismo, otras problemáticas como el tráfico de armas y drogas, la trata de personas y la migración entre otros males, contribuyen a destruir el sentido de comunidad y preocupan muy especialmente a las mujeres.

No queremos y no le damos oportunidad a las empresas.

Tenemos que seguir luchando juntas como mujeres. Unas están

de acuerdo y otras no. Las empresas mineras son las que están

contaminando nuestras aguas, nuestras vidas son las que están

acabando y sólo vienen a ofrecernos el mal.

 

El sistema neoliberal ha implementado lo de las represas y la

explotación de minas, pero no hacen valer nuestra voz de

mujeres, no nos escuchan, no nos toman en cuenta lo que

sentimos y que también estamos luchando por conservar

nuestra tierra. (Cideci-Unitierra 2010.)

 

Ante estos duros escenarios, surge la necesidad en las mujeres de resistir desde su propia individualidad, desde la comunidad, desde su ser pueblo originario. Como guardianas de la vida, su fuerza para defender la tierra que habitan y lo que hay en ella deviene de su fe y de su espiritualidad.

En 2007, Rodolfo Stavenhagen, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas de las Naciones Unidas, elaboró un informe temático sobre “la disminución continua de los territorios Indígenas” en el que argumenta que esta tendencia se debe al interés de empresas, invasores o colonos individuales por los recursos naturales de los pueblos indígenas, y principalmente por la posesión de sus tierras.

(Stavenhagen, Rodolfo, “Los pueblos indígenas y sus Derechos: informes temáticos del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas”. México, Oficina de la UNESCO en México, 2007)

La historia nos recuerda las luchas que las mujeres han mantenido por sus derechos, en las cuales muchas han dado su vida para que otras puedan alcanzar la libertad. La lucha contra la discriminación por el acceso a la tierra desde el sistema estructural de exclusión por parte de los estados ha generado, permitido y fortalecido de acuerdo a sus intereses de poder. La falta de acceso a la tierra representa de facto el no respeto y la violación de muchos derechos relacionados con ámbitos cotidianos de la vida que penetran desde el núcleo comunitario hasta el espacio familiar.

Esta situación ha conducido a graves resultados como desalojos y desplazamientos forzados, así como violaciones al derecho a la vida, a la integridad física y psicológica, a la salud y a la alimentación. Asimismo, tales violaciones por parte de los Estados, unidas al sistema patriarcal, depredador y discriminatorio, permiten y fomentan la desigualdad de género.

 

La importancia de nuestra tierra, de eso vivimos y comemos, es

nuestro derecho. Por tener la tierra. Es difícil tener nuestras

tierras. El cuidado y respeto a nuestra madre que nos da de

comer. ¿Qué estamos haciendo nosotras para cuidarla?

 

Entonces nos organizamos para defendernos, esa tierra nos

pertenece, el agua y la tierra, por eso decidimos levantarnos. Ya

casi cuatro años que nos levantamos y pasamos sufrimientos,

entraron soldados, nos atacaron y nos pusieron órdenes de

aprehensión, y el gobierno pensó que con esto dejaríamos

nuestras tierras pero no era así, al contrario, luchamos.

Nuestros abuelos y abuelas lucharon por esa tierra y la

trabajaron. El gobierno mandó a sus soldados y pensaron que

íbamos a perder el valor para seguir adelante pero nos

organizamos mucho más y defendemos lo que nos pertenece.

(Cideci-Unitierra 2010.)

 

 

Derecho de las mujeres a la tierra

 Las mujeres se han visto afectadas por el limitado acceso a la tierra, hecho que se deriva tanto de prácticas sociales que imperan dentro del núcleo familiar y comunitario, como de políticas públicas mal dirigidas y ciegas a la perspectiva de género.

Por varios siglos las mujeres han estado subordinadas a los hombres debido al desequilibrio en las relaciones de género, motivo por el cual su participación ha sido marginada en las luchas políticas por la tierra.

En México, la reforma agraria de 1971 estableció el acceso a espacios productivos y organizativos para las mujeres. Sin embargo, la nueva ley agraria de 1992 todavía vigente supuso un retroceso ya que anuló la obligación de asignar parcelas para las mujeres en los poblados dejándose a la libre decisión de la asamblea (que en su mayoría está presidida por hombres). Esta circunstancia representó además la pérdida de un espacio organizativo y de participación para las mujeres.

Tampoco las mujeres resultaron beneficiadas en el reparto agrario por la concepción machista de que debían permanecer en la comunidad cumpliendo el rol del cuidado de los hijos y la casa, siéndoles negada la opción de participar. Por otro lado, la individualización de la propiedad y la eliminación del derecho a la tierra ejidal como patrimonio familiar excluyen a las mujeres de los derechos de herencia y de sucesión, aspecto que profundiza más el estado de desventaja y vulnerabilidad de las mujeres que permanecen en la comunidad. Se considera que las mujeres tienen una función reducida a lo doméstico y reproductivo, y no deben colaborar ni en la construcción de su propia individualidad ni en la participación colectiva en la comunidad.

Ante lo dicho anteriormente, se observa claramente una situación de discriminación, lo cual implica una distinción de cualquier tipo (exclusión, preferencias, limitaciones o restricción) entre personas o grupos que se encuentran en situaciones similares, sin existir una justificación objetiva, razonable y proporcional. Así lo establece la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer: “[…] la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural de su país, que constituye un

obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer […]” y el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde consta que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la misma. (“Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley” Art. 24 Convención Americana sobre Derechos Humanos.)

La situación de la mujer no mejorará mientras las causas de la discriminación y de la desigualdad subsistan, y mientras éstas no se aborden de raíz y de manera efectiva con cambios sociales y nuevas prácticas culturales bajo un diálogo permanente. Por ello, es importante que se enfoquen los derechos tanto de las mujeres como de los hombres en cada contexto y, considerándolos, puedan adoptarse medidas para transformar las formas de relacionarse y las estructuras organizativas con base a los sistemas propios de cada pueblo. Asimismo, estos deben dejar de basarse en pautas de vida de los poderes masculinos determinados históricamente.

(Recomendación general No. 25, sobre el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, referente a medidas especiales de carácter temporal, párrafo 10)

Aunado a lo anterior, la discriminación de género dominante, aun en estructuras e instituciones sociales y culturales, es el resultado de la discriminación histórica a la que ha sido sometida la mujer, que ha impedido el desarrollo de necesidades, conocimientos y experiencias indispensables para la integridad de cada ser humano y que constituye un valor fundamental en una verdadera sociedad democrática.

También recordamos la Convención de la Organización de Naciones Unidas contra la Discriminación Racial (el CEDR), donde se exhorta a los Estados a que:

Garanticen que los miembros de las poblaciones indígenas sean libres e iguales en dignidad y libres de toda discriminación, en particular la que se base en el origen o la identidad Indígena;

Garanticen que los miembros de las poblaciones indígenas gocen de derechos iguales con respecto a su participación efectiva en la vida pública y que no se adopte decisión alguna directamente relacionada con sus derechos e intereses sin su consentimiento informado.

(Anaya, S. James, “Los pueblos indígenas en el derecho internacional” Universidad Internacional de Andalucía; Trotta, Madrid, 2005.)

 

La tierra para quien la trabaja

 Durante el año que ocupa el presente informe, este Centro de Derechos Humanos documentó ocho casos de violaciones al derecho al territorio hacia mujeres. Los principales problemas reportados son: la negación de la participación de las mujeres en los órganos de autoridad comunitaria por discriminación de los hombres; la negación del acceso a la tierra para las mujeres, un limitado análisis en la viabilidad de los proyectos y una reducida capacidad de gestión para implementarlos; y una carga excesiva de trabajo doméstico de las mujeres no reconocido ni remunerado. Si a esto se añade la carencia de educación y de capacitación administrativa y técnica de las mujeres, sus derechos legítimos a la tierra y al territorio se reducen.

Las mujeres definen a los hombres como los actores principales en la defensa de la tierra y los receptores directos en la distribución de la misma, siendo las mujeres tan sólo un apoyo marginal a sus iniciativas.

A nosotras las mujeres indígenas, nos burlan los ladinos y los

ricos por nuestra forma de vestir, de hablar nuestra lengua,

nuestra forma de rezar y de curar y por nuestro color, que

somos el color de la tierra que trabajamos.

 

Siempre en la tierra porque en ella vivimos, también no nos

permite nuestra participación en otros trabajos. Nos dicen que

somos cochinas, que no nos bañamos por ser indígenas.

Nosotras las mujeres indígenas no tenemos las mismas

oportunidades que los hombres, los que tienen todo el derecho

de decidir de todo.

 

Sólo ellos tienen el derecho a la tierra y la mujer no tiene

derecho, como que no podemos trabajar también la tierra y

como que no somos seres humanos, sufrimos la desigualdad.

Toda esta situación los malos gobiernos los enseñaron.

( Comandanta Esther, Congreso de la Unión)

 

Asimismo, persisten concepciones y prácticas sociales que restringen las oportunidades de las mujeres para el uso, manejo, toma de decisiones y disfrute de beneficios relacionados con el acceso a los recursos naturales, productivos, financieros y organizativos. Más bien, el trabajo de las mujeres considerado como más relevante es el que realizan para garantizar el abasto familiar.

La mayoría de los proyectos sociales impulsados por los gobiernos estatal y federal tienen dos objetivos.

El primero consiste en desarticular las demandas sociales, por lo que ofrecen proyectos directamente a las comunidades y pueblos que reivindican sus derechos por el territorio para fomentar el paternalismo y la dependencia.

En Chiapas, ésta es una clara acción contrainsurgente ya que contribuye a que los integrantes de la comunidad desistan de su construcción autonómica.

En segundo término, muchas mujeres que quieren tener acceso a programas dirigidos al fomento de la producción agropecuaria son excluidas por no poseer el título de su tierra, ya que los programas establecen como condición para la asignación de los recursos la titularidad de la parcela.

En este estado, las mujeres siguen participando por la defensa de su tierra y territorio aunque predomina la actividad política de los hombres. Son ellos los que negocian, los que hablan, los que participan, y los más visibles en la lucha porque en último término son ellos los que resultan favorecidos en la tenencia de la tierra. Aunado a lo anterior, es relevante mencionar que las ejidatarias, posesionarias y avecindadas se encuentran muy vulnerables en la comunidad, ya que en los usos y costumbres persiste la cultura de dominación masculina, y de subordinación y marginación de las mujeres. Además, por regla general las decisiones de las autoridades comunitarias no benefician ni consideran a las mujeres que exigen atención a sus demandas.

El grado de éxito o fracaso de las mujeres en sus actos de defensa de la tierra depende, entre otros, de varios factores como el estatus agrario, las regiones donde se ubican, la presencia en ejidos o comunidades o su estado civil.

Un ejemplo claro es el caso de despojo de Lucía Martínez Huet, sucedido el 25 de octubre de 2010 en el paraje Bochilte, ejido Lázaro Cárdenas, municipio de Huixtán.

Lucía fue despojada de su tierra por Miguel Morales Ico, hermano de su difunto esposo Sebastián Morales Sántiz, con la complicidad del comisariado ejidal y de una empleada de la Procuraduría Agraria quienes argumentaron que Lucía no tenía derecho alguno sobre la tierra por ser viuda y mujer. A pesar de que Lucía cuenta con los documentos que comprueban su titularidad, sigue siendo hostigada por su cuñado Miguel Morales Ico.

Las mujeres solteras y/o viudas no cuentan con el apoyo necesario para la adquisición de tierra ni para conseguir la certeza jurídica de la que poseen, por lo que en ocasiones son despojadas con la permisividad de autoridades gubernamentales quedando en un estado de indefensión. Debido a ello, el acceso a la tierra para las mujeres no sólo depende de los mecanismos previstos por la legislación agraria, sino de las estructuras determinadas por la cultura, los usos y costumbres, la organización social de los pueblos, y las formas de herencia que inhiben el acceso a la tierra para las mujeres en las zonas rurales.

Por lo tanto, es necesario que los pueblos y comunidades generen alternativas que reconozcan las formas específicas de relación de las mujeres con la tierra y el territorio para poner en práctica estrategias que posibiliten y fortalezcan el acceso de las mujeres a los recursos naturales, a los espacios de toma de decisiones, a los servicios de educación y capacitación, y a los medios de obtención de recursos con el fin de mejorar los procesos dentro de las familias y las comunidades en condiciones de equidad.

(“Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación” Artículo 3.1 del Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo.)

 

 

Conclusiones

 

Este Centro de Derechos Humanos considera que el panorama actual de defensa del derecho a la tierra y al territorio es complejo debido, entre otros aspectos, a la disputa por el control territorial, la cultura de violencia y al despojo histórico ocasionada por el Estado mexicano que continúa en aumento.

Esta cultura de violencia margina a las mujeres en relación a su derecho a la tierra, tal como se sostiene en el estudio sobre la “exclusión de las mujeres de la propiedad en Chiapas”:

La baja frecuencia de campesinas ejidatarias, comuneras y con propiedad privada que hemos encontrado en Chiapas a través de nuestra investigación y de los informes oficiales, nos muestra una discriminación de genero estructural de raíces profundas que se relaciona con la histórica y desigual división sexual de la funciones sociales: las mujeres especializadas en la reproducción y los hombres en la producción, el abasto y la vida publica.

( Olivera, Mercedes y Ortiz, Gabriela; UNICACH, 2008)

Aun así, las mujeres se organizan y exigen la construcción de una sociedad nueva y participativa que conduzca a cambios en las relaciones individuales y colectivas y a cambios en las prácticas culturales que afectan el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas.

Entre las reivindicaciones que han expresado repetidamente en diversos foros están:

 Igualdad de oportunidades en el uso y manejo de los recursos naturales, productivos y organizativos.

 El reconocimiento del trabajo diario y de la aportación económica de las mujeres al núcleo familiar y comunitario.

 Reconocimiento y aseguramiento del acceso y tenencia de la tierra a mujeres independientemente de su situación y estado civil.

 Las autoridades deben reconocer a las mujeres que tienen certificados agrarios tanto en el régimen comunal como ejidal, las avecindadas y posesionarias sin discriminación o exclusión.

 Condiciones de participación y equidad en los espacios de toma de decisiones.

 

 

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