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FollowCOORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ASAMBLEA ESTATAL DEMOCRÁTICA SECCIÓN 40 SNTE-CNTE
COMITÉ EJECUTIVO
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 14 de septiembre de 2022
CE/AED/125
AL MAGISTERIO DEMOCRÁTICO.
A LA CLASE TRABAJADORA.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
El documento de “carta compromiso” que circula a través de las estructuras de los distintos niveles educativos, es derivada del pronunciamiento “Cero tolerancia al hostigamiento sexual y al acoso sexual 2021 de la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas” a través de la Coordinadora Educativa de Transversalidad de Genero, con fundamento en el “Código de Honestidad y Ética de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Chiapas” publicado en distintas ocasiones por el periódico oficial del estado de Chiapas, fenómeno que contextualizado a la condición política educativa actual, supone una medida coercitiva más del Estado contra los trabajadores de la educación, derivado de esto se hace necesario dar las precisiones siguientes:
▶️Los antecedentes de dicho código datan de más de cuatro años, con su publicación en el Diario Oficial de Chiapas, sin embargo, en todas las publicaciones se precisa quienes deben ser considerados como servidores públicos, y estos son: representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que la Constitución otorgue autonomía.
▶️Sin embargo, la administración federal en el 2019 con el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3°, 31° y 73° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa , con la finalidad de corporativizar y allanar el camino para el avance de políticas que no representan el interés del gremio magisterial, supeditó los derechos laborales de los trabajadores de la educación al apartado B del artículo 123 constitucional, imponiéndonos la condición de servidores públicos, dando paso así a la indefensión laboral.
▶️Aunado a esto, en el Diario Oficial de Chiapas se plantean los agregados respecto a los servidores públicos, señala que: Toda persona que desempeñe una función de servicio público en los tres poderes, en los órganos autónomos o en los municipios tienen la obligación de presentar su declaración patrimonial, fiscal y de intereses. Aspecto que confirma la modificación en la ley para someter al trabajador de la educación y dar paso a la conformación de una base clientelar afín a los intereses del Estado, esto a través de la exigencia fiscal de la Secretaria de Administración Tributaria (SAT) e implementada por la estructura de la Secretaría de Educación.
▶️Finalmente, el código de honestidad y ética de los servidores públicos del gobierno del estado de Chiapas, plantea una serie de principios y valores que debe a los servidores públicos, como lo son: la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y la eficiencia, así como la conformación de estructuras en cada una de las secretarías encargados de velar por el cumplimiento del mismo, esto con la única pretensión de “recuperar la confianza” a la institucionalidad.
De acuerdo a esto se afirma lo siguiente:
La modificación constitucional del 2019 fue el precedente legal impuesto por el gobierno federal para desarrollar la nueva ofensiva contra el magisterio, al elevar la categoría del trabajador de la educación a funcionario público, se invalidó en facto derechos sindicales obtenidos en jornadas históricas de lucha que, hasta entonces, daban garantía laboral a miles de trabajadores de la educación.
La amenaza laboral y el acoso administrativo que surge a raíz del rechazo de estas políticas educativas manifiesta los intereses contrarios, por un lado, el institucional por garantizar las relaciones de opresión política hacia los trabajadores y por el otro, el interés colectivo de miles de trabajadores de la educación que buscan garantías laborales para la mejora de las condiciones de vida.
Reafirmamos el rechazo a las políticas educativas que atentan contra derechos laborales y sindicales de trabajadores de la educación, asimismo, llamamos a nuestras bases a hacer las denuncias correspondientes en los espacios delegacionales, así como en asambleas de padres de familia la condición actual que atraviesa el movimiento magisterial y sumar fuerzas para rechazar de manera conjunta, defendiendo en la vía de los hechos los derechos laborales y la educación pública.
¡¡TOTAL RECHAZO A LA CARTA COMPROMISO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA!!
¡¡EXIGIMOS EL ALTO A LA REPRESIÓN, CRIMINALIZACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN DE LAS BASES MAGISTERIALES!!
¡¡POR UN CONGRESO SECCIONAL DEMOCRÁTICO DE BASES!!
“POR UNA EDUCACIÓN CRÍTICA, HUMANISTA, CIENTÍFICA Y POPULAR”
ASAMBLEA ESTATAL DEMOCRÁTICA
