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AVANCE INFORMATIVO. CDH Tlachinollan. Guerrero, México.

Se presenta ante la CoIDH información relacionada al incumplimiento de medidas de protección, para garantizar la seguridad e integridad de las defensoras y defensores de derechos humanos del estado de Guerrero.

Persisten amenazas y agresiones a defensoras y defensores a pesar de contar con medidas provisionales otorgadas por la CoIDH
Negligencia del Estado mexicano en la implementación de las medidas, acrecienta el riesgo para las y los defensores

Hoy 28 de junio de 2011, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM)Tlachinollan y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) con sede en San José, Costa Rica, a presentar información y observaciones en relación al incumplimiento sobre la implementación de las medidas provisionales ordenadas por el Tribunal en relación al caso Fernández Ortega y otros. Estas medidas fueron requeridas al Estado mexicano el 9 de abril de 2009 para proteger la vida e integridad de la dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) Obtilia Eugenio Manuel y su familia; 41 miembros más de la OPIM; Inés Fernández Ortega y su familia; 29 miembros del CDHM Tlachinollan, así como los familiares de los señores Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), quienes fueron desaparecidos y asesinados en febrero de 2009.

A la Audiencia a la que acudió el abogado Vidulfo Rosales Sierra, Coordinador del área jurídica del CDHM Tlachinollan se llevó información sobre las deficiencias y el incumplimiento de las medidas provisionales que el Tribunal Internacional ordenó para 107 defensores y defensoras de derechos humanos en Guerrero.

Por parte del Estado mexicano acudió a la audiencia Juan Manuel Gómez Robledo, Subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y Omeheira López, Titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, quienes argumentaron a favor del Estado mexicano el otorgamiento de infraestructura de comunicación y vigilancia a las organizaciones y personas beneficiarias de las medidas otorgadas por la Corte.

Sin embargo, en su intervención Rosales Sierra dio a conocer que ninguno de los sistemas de comunicación satelital otorgados por el Gobierno mexicano funcionan adecuadamente, y que los sistemas de vigilancia de circuito cerrado otorgados a Tlachinollan para las oficinas en Tlapa y Ayutla, Guerreo, al Monitor Civil de la Policía (MOCIPOL) y a la OPIM, aún no están instalados en su totalidad. El abogado de Tlachinollan acentuó también las diversas amenazas, actos de hostigamiento y agresiones de las que han sido objeto los defensores y defensoras en Guerrero, durante estos dos años a partir de que la CoIDH ordenó la adopción de medidas provisionales. Recalcó que la situación de riesgo constante a la que están expuestos las y los defensores es el resultado directo de la negligencia y el incumplimiento del Estado mexicano en la implementación de dichas medidas ordenadas por el Tribunal Internacional.

En esta audiencia ha quedado evidenciado que, a pesar de que los riesgos y las amenazas persisten en contra de las y los defensores, el Estado mexicano es incapaz de garantizar su seguridad, pues a pesar de que hoy existen 18 averiguaciones previas relacionadas con las amenazas y agresiones, el avance en las investigaciones es nulo. En ese mismo sentido, la falta de la implementación de las sentencias de los casos Rosendo Cantú y Fernández Ortega generan una situación de riesgo persistente tanto para Inés y Valentina como para sus acompañantes; esto en la medida de que los casos sigan permaneciendo en el fuero militar ya que aún no han sido trasladados al fuero civil.

 

http://www.tlachinollan.org/

 

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