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Chiapas, México. 15 de junio. “Aquí en la cárcel estoy sufriendo, hasta mis hijos ya se perdieron con todo mi familia, estoy pagando la fabricación de un delito así no más”, comparte el indígena tsotsil Pablo Gómez Gómez, originario del municipio de Polhó, mediante una carta desde el penal cinco de San Cristóbal de las Casas.

Pablo fue detenido en su comunidad el uno de diciembre de 2012, y posteriormente fue llevado por policías judiciales a San Cristóbal “bien golpeado”, recuerda. Posteriormente lo trasladaron a la capital Tuxtla Gutiérrez, donde lo continuaron golpeando, testifica. “Cuando pasó la tortura”, comparte el originario de la zona Altos, “me obligaron a firmar los papeles los judiciales, aunque les dije que jamás yo participo en los secuestros”. “Así no más lo fabricaron mi delito”, explica mediante la misiva difundida por el Grupo de Trabajo No Estamos Tod@s.

Por su parte Miguel Gómez Velasco, del municipio de Polhó, también escribe desde el CERSSO 05, para denunciar que lleva cuatro años sufriendo, porque “el mal gobierno me tiene aquí injustamente, ya que no cometí el delito en que me acusan”. Miguel afirma que está preso “solo por no saber bien el castellano y por ser indígena”. El descendiente tsotsil expone que le fabricaron el delito, ya que lo obligaron a “firmar los papeles y me torturaron”, esto el tres de diciembre del año 2013. “Yo llevo 6 meses en la organización, pues no pienso volver atrás, sino que pienso echarle más ganas en la rebeldía y la resistencia, sabemos que solo luchando contra el mal sistema podremos salir adelante”, convoca el adherente a la Sexta Declaración de la selva Lacandona.

Para el Centro de Derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), con sede en San Cristóbal “el Estado mexicano es responsable por acción, y omisión al no sancionar a funcionarios perpetradores de tortura, continuando así la impunidad y graves violaciones a los derechos humanos”. “En las prisiones del estado de Chiapas, las personas indígenas son discriminadas y ultrajadas”, ha denunciado en reiteradas ocasiones el organismo no gubernamental.

Para el Frayba, la tortura es un método de investigación criminal utilizado con frecuencia en Chiapas, por parte de corporaciones policiales, ejército y marina, con objeto de obtener información o confesiones firmadas por parte de los detenidos.

“Por los hechos de tortura, el Estado es responsable por acción directa y por omisión de sus funcionarios, ya que una vez perpetrada la tortura, y conociendo el hecho, no intervienen para sancionar a los responsables, permitiendo así continuar esta grave violación a los derechos humanos”, han asegurado los defensores de derechos humanos.

Cartas de presos en lucha de Chiapas: http://noestamostodxs.tk/cartas-de-presos-en-lucha-de-chiapas/