I N F O R M E: «La Realidad, contexto de guerra».
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).
Mayo de 2015.

La agresión y ejecución extrajudicial del Maestro Zapatista Galeano el dos de mayo de 2014, marca un suceso trascendental en el contexto del Conflicto Armado Interno en Chiapas, consistente en la inclusión en la guerra del gobierno mexicano en contra del EZLN a otros actores que en su fundación impulsaban la lucha campesina por el derecho a la tierra.

Ahora los integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC-H), son parte del escenario de guerra, creando un grupo armado de “autodefensas”, permitido, fomentado y fortalecido por las estructuras del gobierno municipal, con Manuel de Jesús Culebro Gordillo, alcalde y líder de la CODECH, organización que en marzo del 2014, se unió formalmente a las filas del PVEM a través de la fundación Tierra Verde A.C., organización política encabezada por el hasta hace poco Secretario de Gobierno del Estado de Chiapas Eduardo Ramírez Aguilar. Todo ellos se han convertido en actores útiles de la guerra contrainsurgente.

La emboscada del dos de mayo del 2014, en el territorio de la JBG de La Realidad a BAEZLN, dio como consecuencia la ejecución extrajudicial del Maestro Zapatista Galeano. Con la agresión, se destruyeron con saña la Clínica y Escuela Autónoma, hechos que tratan de minar a la autonomía zapatista en su construcción de otro sistema social y político distinto al decadente sistema neoliberal.

Habiendo documentado la situación, este Centro de Derechos Humanos considera que el gobierno mexicano es responsable de la ejecución extrajudicial, agresiones y hostigamiento a BAEZLN, ubicando como responsable de manera directa a integrantes de la CIOAC-H encabezados por Luis Hernández Cruz y José Antonio Vázquez Hernández , autoridades del ejido La Realidad e integrantes del PVEM y PAN, en complicidad con Gaudencio Jiménez Jiménez, Florinda Santiz, y Manuel de Jesús Culebro Gordillo, funcionarios públicos de la administración municipal de Las Margaritas.

Asimismo señalamos a los siguientes funcionarios de gobierno involucrados en la política de contrainsurgencia: Enrique Peña Nieto, titular del gobierno federal, comandante de las Fuerzas Armadas que hostigan al EZLN e implementa proyectos sociales que generan división, dependencia y atomizan a las comunidades y pueblos en Chiapas; Manuel Velasco Coello, gobernador de Chiapas y operador político de las programas federales para la acción de contrainsurgencia y protector, financiador a organizaciones como la CIOAC-H.

Por lo consiguiente este Centro de Derechos Humanos considera que El gobierno de México es responsable:

Por su intervención, con distintos grados de autoría y participación, en el concurso de acciones represivas expresada en la violencia de Estado contra las BAEZLN.

Por su participación directa e indirecta, por acción y por omisión, en la comisión de crímenes de lesa humanidad, que se concretan en las siguientes violaciones a los derechos humanos: ejecución extrajudicial; desplazamiento forzado; privación arbitraria de la libertad, tortura, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos y étnicos, lesiones graves a la integridad física y psicológica de los pueblos y organizaciones que luchan por su autonomía.

Por faltar a su deber de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, además prevenir, investigar, sancionar y reparar sus violaciones, dejando una situación de impunidad estructural.

En Chiapas el gobierno de México con sus instituciones violenta el derecho a la vida, a la seguridad e integridad personal, a la Libre Determinación expresada en la Autonomía de los Pueblos, basada y cimentada en instrumentos de estricta observancia para el Estado mexicano como son: los Acuerdos de San Andrés, el Convenio no. 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas. Así también lo referente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 y los Pactos: Derechos Civiles y Políticos; y Derechos Económicos Sociales y Culturales de 1966 y sus respectivos protocolos adicionales.

Esta acción de contrainsurgencia está relacionada a los intereses del control territorial y vulnera los derechos colectivos a la tierra, el territorio, recursos naturales, autogobierno, autonomía y la libre determinación.

Informe completo: http://www.frayba.org.mx/archivo/informes/150513_inf_realidad.pdf